Los servicios mínimos de la huelga de El Pino, declarados ilegales en sentencia firme

• USO fue el único sindicato que apoyó la huelga de las trabajadoras y trabajadores de este importante centro socio-sanitario de la capital grancanaria.
• El Cabildo de Gran Canaria podría tener que hacer frente a indemnizaciones por valor de varios millones de euros por vulnerar el derecho fundamental a la huelga de los trabajadores del CSS El Pino. 
• USO señala a los responsables políticos del Cabildo de Gran Canaria, encabezados por su Presidente, Antonio Morales, como responsable de un doble fracaso social y judicial.

Las Palmas de Gran Canaria, 23 de julio de 2024. Ya es firme la sentencia del TSJC que declaró nulos y vulneradores del derecho fundamental a la huelga los servicios mínimos impuestos a los más de 300 trabajadores y trabajadoras del Centro Sociosanitario El Pino, durante la huelga convocada en diciembre de 2022, después de que el Tribunal Supremo inadmitiera el 10 de julio de 2024 el recurso de casación del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria (en adelante IASS).

El abogado de USO-CANARIAS, D. Alejandro Pérez Peñate destaca que la justicia reconoce así a los trabajadores del Centro Sociosanitario El Pino -más de un año y medio después de convocar una huelga indefinida por los impagos de la empresa adjudicataria, el Grupo ICOT, la imposición de horarios abusivos vulnerando los descansos de la plantilla y las deficientes condiciones materiales de CSS El Pino-, que los servicios mínimos fueron nulos por ser dictados por un organismo sin competencias para ello (el IASS no posee la naturaleza de autoridad gubernativa), además de inmotivados (la Resolución dictada no ofrecía razón alguna en la aguda restricción del ejercicio del derecho a la huelga).

El IASS, organismo presidido por Isabel Mena Alonso, Consejera de Gobierno de Política Social, Accesibilidad, Igualdad y Diversidad del Cabildo de Gran Canaria, vulneró el derecho fundamental a la huelga de los trabajadores del CSS El Pino, impidiéndoles ejercerlo, al imponer la obligación de prestar servicios a alrededor del 99% de la plantilla. A mayor abundamiento, tras la primera sentencia que declaraba incompetente al IASS para dictar servicios mínimos, el organismo dirigido por Isabel Mena volvió a dictar otros servicios mínimos idénticamente abusivos, que también fueron anulados por sentencia firme del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº1 de Las Palmas de Gran Canaria, dejando patente la voluntad del Cabildo de Gran Canaria de sabotear la huelga de los trabajadores del CSS El Pino.

Intervención de Jeremías Piñero Rivero, secretario de acción sindical y comunicación de USO-CANARIAS, durante la rueda de prensa que tuvo que ser celebrada en el exterior del centro sociosanitario, dada la negativa a facilitar una sala pese a que se solicitó con la antelación necesaria:

Isabel Aguilar, miembro del Comité de Huelga, indicó al respecto, que: «Esperamos que esta sentencia haga reflexionar también al Presidente del Cabildo, Antonio Morales, que tuvo la poca vergüenza de salir en televisión afirmando que la huelga apenas tenía seguimiento y que el sindicato mayoritario en el centro, USO-CANARIAS, era poco representativo. Ahora se demuestra que el único motivo por el que no pudieron hacer huelga más trabajadores fue la imposición de unos servicios mínimos abusivos e ilegales. Ojalá Morales y Mena sean capaces de disculparse con los trabajadores y trabajadoras del El Pino y de arreglar los innumerables problemas que sigue teniendo el centro, en lugar de actuar como defensores de la empresa ICOT-INSURE»

Jeremías Piñero, secretario de Acción Sindical de USO-CANARIAS, afirmó que «estamos muy satisfechos porque se haya hecho justicia con los trabajadores del CSS El Pino, que son quienes se ocupan de cuidar a las personas más vulnerables de nuestra sociedad, las personas mayores dependientes. Además, esperamos que la Consejera Isabel Mena responda políticamente por su ineptitud y su irresponsabilidad, pues su actuación no solo ha vulnerado el derecho fundamental a la huelga de los trabajadores y trabajadoras de El Pino, sino que le podría costar al Cabildo de Gran Canaria varios millones de euros en indemnizaciones.»

USO canalizará las demandas individuales por vulneración del derecho fundamental a huelga de una plantilla de más de 300 personas, cada una de las cuales estimadas entre los 7.000€ y los 25.000€. Un huelga convocada pero que no pudo ser, por haber sido boicoteada desde el principio por las medidas adoptadas por los responsables políticos que aún hoy en 2024 no han solventado ninguno de los graves problemas que vienen afectando al servicio de este importante centro sociosanitario de la capital grancanaria, entre los que destacan la carencia de suficientes medios humanos y materiales, incumplimientos con los descansos mínimos, y retrasos en el pago de conceptos salariales.