La Unión Sindical Obrera hace este comunicado y define públicamente su posición tras la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre y ante el llamamiento a una huelga general, hecho en la misma jornada en que se han convocado los comicios.
La USO nació defendiendo la autonomía sindical frente a cualquier poder y la independencia y la pluralidad siguen siendo hoy sus valores fundamentales. Así lo reafirmamos en nuestro último Congreso: nuestros planteamientos no responden a ninguna ideología ni están subordinados a interés partidista alguno. En nuestra afiliación conviven personas que votan opciones muy distintas, y precisamente por eso nuestra obligación es defender a todas ellas sin convertir el sindicato en un actor de la campaña electoral.
Compartimos la emergencia social que supone las dificultades de acceso a la vivienda. USO lleva años denunciando que el acceso a un techo se ha convertido en la principal barrera para que miles de trabajadores, y sobre todo los jóvenes, puedan emanciparse y formar una familia. Pero como organización no podemos compartir esta convocatoria, y menos aún cuando se anuncia el mismo día en que se disuelven las Cortes. Una huelga general es el instrumento de presión más serio que tiene la clase trabajadora. Aparte del coste para quien la secunda, exige saber con claridad a quién se dirige y qué se le reclama. No se puede hacer un popurrí de motivos o que convoquen distintas organizaciones con argumentos distintos. Con un Gobierno en funciones y un Parlamento disuelto, esa pregunta queda sin respuesta, y la huelga corre el riesgo de leerse como un acto más de campaña o un acto de descontento social sin objeto ni receptor real.
Por ello, la USO esperará a la celebración de las elecciones generales para debatir cualquier acción concreta y, como siempre, animará a la participación el 29N y hará llegar sus reivindicaciones a todos los partidos que concurren.
La vivienda no es un problema aislado.
El problema de la vivienda no se resuelve únicamente regulando el mercado del alquiler o ampliando el parque público, aunque ambas cosas sean imprescindibles. Una persona que encadena contratos de semanas, que trabaja a tiempo parcial sin haberlo elegido o que lleva años sin ver revisado su salario, no puede acceder a un alquiler ni a una hipoteca, por mucho que se limiten los precios. La solución pasa por regular la vivienda y frenar la especulación, sí, pero también por crear empleo de valor: estable, con salarios suficientes y con perspectivas de futuro. La inflación se está cobrando además todo incremento salarial.
Los datos lo confirman. Según el IX Informe FOESSA, el 45 % de quienes viven de alquiler está en riesgo de pobreza o exclusión social, la cifra más alta de la Unión Europea, y 4,6 millones de hogares tienen problemas graves para acceder a su vivienda o mantenerla. Y no hablamos solo de jóvenes: también lo sufren trabajadores de mediana edad, familias monoparentales, personas mayores y familias. Hoy es, probablemente, el problema más urgente que tenemos, porque afecta a un derecho básico cada vez más inalcanzable.
Sin políticas estratégicas en materia laboral y económica, sostenidas en el tiempo y pactadas, cada medida aislada queda a merced de la aritmética parlamentaria del momento, y quienes pagan las consecuencias son siempre los mismos.
Falta de calidad del empleo.
Los números evidencian una rotación y una precariedad endémicas y cronificadas. En septiembre la afiliación a la Seguridad Social volvió a marcar máximos y, sin embargo, el paro registrado subió. Los menores de 25 años siguen sumando en desempleados y también creció con fuerza el colectivo sin empleo anterior.
Solo en septiembre se registraron cerca de 1,6 millones de contratos y aun así el desempleo aumentó. A ello se suma que más de 1,2 millones de personas están inscritas como demandantes ocupadas: tienen trabajo, pero buscan otro porque el que tienen no les permite vivir. Un empleo así no sirve para firmar un contrato de alquiler, y mucho menos para planificar una vida.
No es algo puntual. La duración media de los contratos pasó de 53,36 días en 2021 a 42,06 en 2024, y en el país se cotizan prácticamente las mismas horas que en 2007 pese a haber más de un millón de personas ocupadas más. Al mismo tiempo, el despido sigue siendo fácil y barato: desde 2019 los despidos por causas objetivas han crecido un 186 % y los ceses por no superar el periodo de prueba se han multiplicado por más de seis.
La inflación está disparada y sigue erosionando unos salarios que ya venían de perder poder adquisitivo. Desde 2008 los precios han subido en torno a un 34 % y el salario medio apenas un 25,6%, y buena parte de las mejoras conseguidas se las han comido el alquiler, la hipoteca y la cesta de la compra. La pérdida es generalizada y afecta tanto a quienes tienen convenio como, con más dureza, a quienes no lo tienen o lo tienen bloqueado.
La negociación colectiva con muchas dificultades.
Nuestras secciones sindicales y federaciones lo comprueban cada día en las mesas de negociación. Cuesta cerrar convenios, se alargan las prórrogas, crece la resistencia a incluir cláusulas de revisión salarial y se multiplican las fórmulas de contratación que, sin ser temporales en el papel, mantienen la misma inestabilidad de siempre: fijos discontinuos con pocos días de llamamiento, parcialidades no deseadas y jornadas que se estiran sin registro. La reforma laboral redujo la temporalidad formal, pero la precariedad ha cambiado de forma sin desaparecer.
Solo el 37 % de los convenios incluye cláusulas de revisión salarial, lo que deja a millones de personas sin ninguna protección frente a la subida de precios. A ello se suma una inestabilidad política que ha dejado paralizadas leyes fundamentales, como la reducción de jornada o el nuevo registro horario, y ha contribuido a bloquear convenios sectoriales que afectan a cientos de miles de trabajadores.
Sin una negociación colectiva fuerte no habrá salarios dignos, y sin salarios dignos no habrá acceso a la vivienda por mucho que se legisle. Por eso nuestra respuesta no puede limitarse a un solo frente.
La USO trasladará a todos los partidos sus principales planteamientos.
Durante la campaña, la USO hará llegar a todas las formaciones que concurran al 29N sus reivindicaciones, recogidas en nuestro Programa de Acción. Además de las que tienen que ver con vivienda, queremos trasladar en materia laboral:
• Subidas salariales para empleados públicos y privados con el IPC como suelo, más un porcentaje para recuperar lo perdido, y cláusulas de revisión salarial en todos los convenios.
• Un SMI que se actualice cada año por ley hasta el 60% del salario medio, como establece la Carta Social Europea, para sacarlo del regateo político.
• Medidas eficaces contra la rotación: penalizar el abuso de contratos de muy corta duración, controlar el uso fraudulento del fijo discontinuo y de la parcialidad no deseada, y reforzar la Inspección de Trabajo con más medios y plantilla.
• Una reforma del despido con indemnizaciones suficientes y disuasorias, conforme a la Carta Social Europea, y la recuperación de los salarios de tramitación.
• La reducción de la jornada legal a 35 horas semanales sin pérdida salarial, con un registro horario real y efectivo.
• El fortalecimiento de la negociación colectiva y de la representación sindical en todas las empresas, también en las pequeñas y en las multinacionales que obstaculizan la acción sindical.
• Una política de vivienda de Estado: ampliación del parque público, regulación efectiva del alquiler habitual, del turístico y del de temporada, y protección frente a los desahucios. Se debe penalizar fiscalmente a los grandes propietarios que especulan con beneficios astronómicos con la vivienda para que sea menos atractiva la inversión.
• Una política industrial y de formación que genere empleo cualificado y con futuro, para dejar de competir en precariedad y en salarios bajos.
• Una apuesta decidida por la salud laboral y la prevención de riesgos laborales. Las cifras de siniestralidad laboral son inasumibles para un país como el nuestro país en contraste con la infradeclaración de enfermedades profesionales y dolencias de origen laboral. Proponemos la creación de un observatorio de absentismo para crear un indicador consensuado de medición y poner el foco en la salud laboral y no en criminalizar a trabajadores y facultativos.
29N.
Una vez constituido el nuevo Parlamento y conocido el Gobierno que salga de las urnas, la USO evaluará en sus órganos de dirección el grado de compromiso de cada fuerza política con nuestras reivindicaciones y propondrá las acciones que considere necesarias, sin descartar ninguna, siempre fruto de nuestros debates internos y con nuestros posicionamientos.
Hacemos un llamamiento a todas las trabajadoras y trabajadores a participar el 29 de noviembre. Votar es la primera forma de hacerse oír, y lo que salga de las urnas condicionará durante años el futuro de toda la sociedad.
Independencia y pluralidad. Empleo digno para vivir. Vivienda para tener futuro.
